La corrupción en el Perú a través de la historia (página 2)

CAPÍTULO
SEGUNDO

LA CORRUPCIÓN EN EL
PERÚ

Para entender la presencia de actos corruptos a lo largo
de toda la historia de la
república peruana, hay que tomar en cuenta el contexto del
fracaso en el cambio del
modelo
colonial de dominación patrimonial burocrático, al
esquivo modelo republicano y moderno de dominación
burocrático-racional. Tal fracaso se tradujo en
vacíos institucionales que permitieron la reproducción soterrada de vicios culturales
o en el solapamiento de acciones antes
consideradas normales y ahora tipificadas oficialmente como
corruptas.

2.1. SIGLO XIX.

2.1.1. – La Época de la
Independencia

El primero se refiere a las guerras de la
independencia.
Estas fueron financiadas, de una parte, por capitales
extranjeros, principalmente ingleses y, de otra parte, por la
confiscación de bienes y la
imposición de contribuciones pecuniarias a determinados
sectores de la población. Al finalizar estas guerras, el
nuevo gobierno
republicano tuvo que reconocer como deuda nacional interna, el
valor de los
bienes expropiados por el ejército libertador.

Para cumplir con esta obligación, el gobierno
recurrió sea a los créditos extranjeros, sea a los beneficios
producidos por las riquezas naturales del país. En el
primer caso, la deuda interna se transformó en deuda externa;
mientras que en el segundo, implicó una distribución indebida del patrimonio de
la nación.

En el plano económico, la deuda interna se
pagó mediante la instauración de un proceso
tendiente a la creación de capitales nacionales a fin de
promover la industria, la
agricultura y
el comercio. En
realidad, el reconocimiento y pago de la deuda interna,
constituyeron un caso escandaloso de corrupción: la existencia de acreencias y
su monto no fueron objeto de un control
mínimo. El Estado fue
de este modo engañado; se le defraudó con la
participación interesada de sus propios
órganos.

2.1.2.- La Explotación del
Guano

El segundo ejemplo concierne a la explotación del
guano. Durante la segunda mitad del siglo XIX, esta riqueza
natural era explotada por un sistema de
concesiones que el Estado
otorgaba a los particulares. El favoritismo, la influencia
política,
los vínculos de parentesco (nepotismo) eran los criterios
decisivos para obtener el derecho de explotar y exportar guano.
Estos privilegios eran dispensados y distribuidos ilegalmente por
los políticos que se sucedían en el
gobierno.

Esta riqueza no fue en consecuencia utilizada para
desarrollar la industria, la agricultura o el comercio.
Así, una clase
minoritaria se enriqueció en detrimento de la
mayoría de la población. Después de la
dilapidación de estariqueza, el país se
sumió nuevamente en la
pobreza.

2.2.- EL SIGLO XX

2.2.1.- La Corrupción del sector
Pesquero

En los años 70, gracias a la corriente
marítima de Humboldt, rica en plancton, el mar peruano
contenía una gran riqueza pesquera. La pesca y la
fabricación de la harina de pescado se convirtieron en una
gran industria. El Perú llegó a ser el primer
productor a nivel mundial. Los industriales nacionales y
extranjeros se enriquecieron enormemente y el Estado peruano
obtuvo grandes ingresos.

Estos fueron dilapidados por el Estado como si se
tratara de un patrimonio inagotable. Dichos recursos
sirvieron para conceder ventajas, para satisfacer a los
seguidores, para contentar a los militares. Sin embargo, la pesca
industrial al no respetar el ciclo de reproducción de los
peces
determinó la extinción tanto de éstos como
de la industria de la harina de pescado. Por lo demás, el
fin de este periodo estuvo marcado por el asesinato del pionero
de esta industria, lo que provocó un escándalo
político y financiero.

2.2.2. Corrupción Institucionalizada del
trafico de Drogas

La corrupción institucionalizada resulta
también del tráfico de drogas en
razón a que el Perú es no solamente uno de los
primeros productores de la hoja de coca sino también donde
se elabora la pasta básica de cocaína.
El poder
económico de esta actividad ilícita permite a los
traficantes adquirir una influencia política significativa
a todos los niveles del Estado y de la
organización social. Ministros y altos funcionarios de
la policía han estado directamente implicados en el
tráfico o en la protección de la red de
traficantes.

Esta infiltración en todos los engranajes de la
sociedad hace
que no sea posible distinguir la riqueza proveniente de una
actividad legal o del tráfico de drogas. El funcionamiento
de la economía se ve completamente distorsionado
por el flujo de dinero sucio
producido por el tráfico de drogas, al punto de
condicionar la política
económica de todo gobierno.

Esta situación se puso en evidencia cuando la
mafia colombiana asesinó al Ministro colombiano de
Justicia,
hecho que dio lugar a que el gobierno colombiano intensificara la
guerra contra
el tráfico de drogas. Con este objeto, se cerraron la
frontera
peruana con Colombia y se
bloquearon las pistas de aterrizaje clandestinas. Esto
generó un cese del flujo de dólares colombianos
provenientes del tráfico de drogas en el mercado peruano
y, en consecuencia, la subida del curso del dólar y la
devaluación de la moneda nacional. Frente a
este fenómeno y, tal vez, para tranquilizar el
país, el Presidente de la República de aquel
entonces declaró que la crisis
monetaria cesaría cuando volvieran a ingresar al
país dólares de Colombia.

En cierto modo, el mismo Estado admitía el lavado
del dinero sucio mediante el tráfico de divisas. El
funcionamiento del mercado paralelo de divisas se explica, fuera
de las causas económicas, por la corrupción de
funcionarios, de jueces, de la policía y de los agentes
económicos (bancos, agencias
de cambio), etc.

2.2.3.- Estado y Corrupción

La corrupción, como todo fenómeno social,
no puede ser comprendido sin considerar la perspectiva
histórica. En particular, el origen y la evolución del Estado.

El Estado colonial era un Estado corporativo. Su
organización política estaba
sustentada en el principio que el Rey otorgaba a sus vasallos
españoles el poder de administrar el patrimonio
conquistado. La conquista de tierras era ratificada por la
conclusión de una "capitulación". Por este acto
formal, el Rey otorgaba a los conquistadores el poder de tomar
posesión, en nombre de la Corona, de las nuevas tierras y
de las personas que las habitaban, de incorporarlas a los
dominios del Rey a cambio del privilegio de explotarlas. Estas
ventajas eran concedidas por el Rey en contrapartida a los
servicios que
el beneficiario le había rendido o había prometido
rendirle en el futuro. Este debía entregarle al Rey los
tributos y ser
leal a la Corona. Así, una relación de tipo
señor-vasallo se constituyó entre el Rey y los
vasallos, la misma que se reproducía en todos los niveles
de la jerarquía social.

En efecto, en el marco de esta relación de orden
patrimonial, el acceso a todo recurso económico
debía ser objeto de un pedido ante una autoridad que
tenía el poder de concederlo. Esta concesión era
considerada como un favor que debía ser compensado por un
servicio de
orden personal.

Los funcionarios reales eran convertidos en cuasi
propietarios de los bienes que administraban en favor del Rey. El
Clero, los miembros de la Inquisición y del Tribunal de
comercio colonial, los poseedores de minas, los propietarios de
inmuebles, los corregidores, consideraban que sus obligaciones
públicas eran en

realidad derechos
privados.

Esta organización del Estado colonial fue el
resultado de una larga evolución. Desde el comienzo de la
conquista, la Corona buscó delimitar y controlar el poder
de los conquistadores que se repartían el botín de
la guerra, constituido no sólo por el oro y la
plata, sino sobre todo por la tierra de
los indios. Los conquistadores se convirtieron en señores
feudales. Tenían cierta autonomía con
relación a la Corona y un poder absoluto sobre los indios.
Constituían un grupo social
sólido. De esta manera una sociedad caracterizada por una
relación señor-vasallo de honor y aristocracia se
reproduce. Pero la armonía aparente que reinaba entre los
conquistadores fue destruida por las guerras civiles, motivadas
por la lucha por el poder y los privilegios.

Dicho estado de cosas decidió a la Corona a
organizar un poder central representativo de sus intereses y por
encima del de los encomenderos. Esta empresa
culminó con la fundación del Virreinato del
Perú: el poder de los conquistadores-encomenderos fue
reemplazado por el del Virrey y los funcionarios.

El poder colonial se consolidó sobre la base de
una administración centralizada y jerarquizada
Los encomenderos devinieron "corregidores" de los indios,
encargados de administrar justicia y de representar al virrey en
sus jurisdicciones. En tanto que rentistas, los encomenderos
orientaron sus actividades hacia la agricultura, las minas y el
comercio.

La implantación de la burocracia
colonial se explica por la fuerte inmigración de españoles. Cada nuevo
Virrey que desembarcaba era acompañado por un grupo
numeroso de españoles a la búsqueda de una
"encomienda", de un cargo en la
administración u otros privilegios. A medida que la
Corona monopolizaba el poder y las riquezas (tierras, minas,
etc.) se trasformaba en distribuidora principal de privilegios y
cargos honoríficos. El prestigio social consistía
entonces en poseer un puesto en la administración.

Sin embargo, a pesar de la centralización de la administración
colonial, los funcionarios locales, los comerciantes ricos, los
eclesiásticos, los grandes propietarios de tierras
resistían. En efecto, ellos impedían frecuentemente
la aplicación de los decretos, ordenanzas y leyes dictadas
por la Corona. Compartían con la burocracia colonial las
ventajas del principio según el cual la ley se acata pero
no se cumple.

Por ejemplo, los corregidores, los administradores, los
notarios quedaban fuera de las leyes que limitaban sus derechos;
se consideraban, por tanto, propietarios por el hecho que
habían comprado sus cargos. De esta manera, los diversos
grupos
detentadores del poder, frecuentemente con intereses opuestos,
provocaron la privatización del gobierno y la
formación de sectores oligárquicos. Estos aceptaban
su situación con relación a la monarquía, pero disputaban permanentemente
el poder con la administración central mediante el
mantenimiento
constante de una corrupción generalizada.

En resumen, la estructura
política colonial, por su carácter corporativo y discriminatorio,
provocó una divergencia de intereses sociales e
impidió la formación de una identidad
nacional.

A fines del siglo XVIII, según Julio Cotler, el
Arzobispo de Michoacán Manuel Abad y Quipó
-después de haber señalado que la sociedad colonial
estaba formada por españoles bastante ricos e indios,
negros y mestizos bastante pobres- afirmó: "Por
consiguiente resulta entre ellos y la primera clase aquella
oposición de intereses y de afectos que es regular entre
los que nada tienen y los que lo tienen todo, entre los
dependientes y los señores. La envidia, el robo, el mal
servicio de parte de unos; el desprecio, la usura, la dureza, de
parte de los otros.

Estas resultas son comunes hasta cierto punto, en todo
el mundo. Pero en América
suben a muy alto grado, porque no hay graduaciones; son todos
ricos o miserables, nobles o infames …En este estado de cosas
¿qué intereses pueden unir a estas dos clases con
la primera y a todas tres con las leyes y el gobierno?

La primera clase tiene el mayor interés en
la observancia de las leyes que le aseguran y protegen su vida,
su honor y su hacienda o sus riquezas contra los insultos de la
envidia y los asaltos de la miseria. Pero las otras dos clases,
que no tienen ni bienes ni honor ni motivo alguno de envidia para
que otro ataque su vida y su persona
¿qué aprecio harán ellas de las leyes que
sólo sirven para medir las penas de sus delitos?
¿Qué afección, qué benevolencia
pueden tener a los ministros de la ley que sólo ejercen su
autoridad para destinarlos a la cárcel, a la picota, al
presidio o a la horca? ¿Qué vínculos pueden
estrechar a estas clases con el gobierno, cuya protección
benéfica no son capaces de comprender? ».

Una vez instalada la República, la
deterioración del orden patrimonial de la Colonia
provocó la pérdida de la legitimidad
política del grupo social dominante y la
destrucción del aparato de producción. Esto reforzó a los
grupos de poder local y regional frente al poder central
"nacional" bastante débil.

En este contexto, los jefes militares rodeados por
pequeños grupos de partidarios ocuparon el primero plano
de la escena política. Era suficiente tener un poco de
dinero para organizar un grupo armado y hacerse del poder. A lo
largo del siglo XIX, se establece un vínculo estrecho
entre los grupos oligárquicos y las fuerzas militares.
Este fenómeno determinó el perfil político y
económico de la nueva República.

La desaparición de la burocracia colonial, la
partida de los españoles y la eliminación de los
criollos, partidarios de la Corona, dieron lugar al ascenso de
las clases medias al poder. El desempleo debido
a la parálisis del sector productivo empujó a los
sectores pobres a buscar en la actividad militar y
política la solución a sus problemas
personales. Sus miembros se transformaron en soldados,
funcionarios o ideólogos al servicio del caudillo militar
en el poder. Desde allí podían obtener ventajas y
escalar en la jerarquía social. Al mismo tiempo, los
jefes militares buscaron acercarse a la población para
ampliar su poder y su base social. Así se reconstituye la
relación « señor-vasallo», que era
propio del sistema colonial, en tanto base política de la
organización social de la República en
formación.

Así, el Estado republicano se convierte,
igualmente, en un Estado patrimonial basado en la relación
personal entre el señor y sus vasallos, entre el
Presidente o dictador y los ciudadanos. El tesoro público
era administrado y distribuido como un patrimonio personal. Los
beneficiarios recibían estas ventajas en pago de los
servicios personales que realizaban en favor de quien detentaba
el poder. Uno de los objetivos del
nuevo Estado peruano fue la reestructuración de los
diversos grupos
sociales. Esta orientación se evidenció en la
voluntad política de constituir un Estado para todos los
peruanos. En realidad, los grupos dominantes, social y
económicamente, han utilizado el Estado para realizar una
política paternalista caracterizada por la
distribución de ventajas pecuniarias, sinecuras y
privilegios.

La mayor parte de la riqueza producida u obtenida por el
país ha alimentado las arcas de los grupos sociales
dominantes. La población en su mayoría no ha
recibido más que servicios sociales elementales (sanidad,
educación), mediante un sistema
burocrático que se ha visiblemente deteriorado. En
razón de la crisis económica y política, el
Estado no cumplió satisfactoriamente su función
tradicional, sobre todo con respecto a los sectores sociales
menos favorecidos. No sorprende, en consecuencia, que la mayor
parte del pueblo haya considerado al Estado como una entidad que
le es hostil o simplemente enemiga.

El Estado es percibido como un botín que es de
conquistar y aprovechar. Para los grupos dominantes se trata de
continuar gozando de las ventajas que representa controlar el
Estado y para las otras clases
sociales de utilizar al Estado en su lucha cotidiana por la
supervivencia. Una mentalidad utilitaria e inmoral se ha
desarrollado, los comportamientos son valorados positivamente en
la medida que sean idóneos para alcanzar una ventaja, un
privilegio o un provecho cualquiera prescindiendo de las normas sociales o
jurídicas. La emancipación no ha constituido, por
ende, una ruptura real y profunda con el sistema
colonial.

2.4.- . SITUACIÓN ACTUAL

Ante la imposibilidad de describir, aun de manera
esquemática, la amplitud e intensidad, actuales, de la
corrupción en la sociedad y Estado peruanos, nos
limitaremos a señalar algunos de sus aspectos. Respecto a
la administración
pública y en razón al origen y evolución
del aparato estatal, no sorprende que los empleados y
funcionarios públicos sean considerados como personas
incapaces de solucionar los problemas nacionales y que
actúan frecuentemente motivados por la obtención de
beneficios indebidos. Los ejemplos de corrupción en la
administración pública son numerosos. Tienen
relación con el funcionamiento de las licitaciones y
adjudicaciones; la defraudación de los fondos
públicos o de los recursos
humanos y materiales del
Estado, así como con el fraude fiscal.

Un caso notorio de corrupción institucionalizada
es el de la administración de justicia. Todo empleado,
funcionario o juez es considerado susceptible de ser sobornado.
Lo mismo, a todo procedimiento o
decisión se le atribuye un precio
determinado.

En las zonas rurales, la administración de
justicia está estrechamente ligada al poder local. Los
campesinos e indígenas no tienen las mismas posibilidades
de acceder a la justicia. En la administración de
justicia, no se distinguen claramente los pagos ilícitos
de los que no lo son; el abogado es un intermediario necesario
para encontrar una "solución" y no un auxiliar de la
justicia; los peritos son pagados por las partes interesadas ya
que el Estado no tienen los medios para
hacerlo.

La descomposición moral de la
policía es probablemente uno de los hechos que más
ha marcado la conciencia
social. Actualmente la población tiene la sensación
que la policía no cumple su función de proteger a
las personas, los bienes y la seguridad
pública. En efecto, no solamente ésta es ineficaz
sino que sus miembros son con frecuencia autores de delitos
graves (tráfico de drogas, robos, secuestros, chantajes,
lesiones, homicidios,
etc.). Es frecuente, por ejemplo, que los campesinos y
comerciantes paguen gratificaciones a los policías para
asegurar su protección o evitar amenazas.

La crisis económica, el tráfico de drogas
y el terrorismo han
agravado la situación. Los bajos sueldos favorecen la
corrupción no sólo de los agentes o subalternos
sino también de los mandos superiores. El ejemplo
más claro es el de la colusión de oficiales de alta
graduación con malhechores y traficantes de drogas. Estos
han logrado infiltrar a la policía así como a otros
sectores del Estado.

Esta revisión esquemática, nos permite
confirmar que la corrupción es un fenómeno social
de orden político y económico. Su
explicación no puede hacerse sin indagar sus
orígenes en la historia de cada sociedad. No se puede
pretender darle una respuesta única.

Esta afirmación evidente nos permite rechazar la
idea, bastante extendida entre los juristas y políticos
latinoamericanos, que considera al derecho y, en particular, al
derecho penal
como el instrumento eficaz de lucha contra la corrupción.
La elaboración de leyes penales cada vez más
severas, las reformas del sistema judicial, resultan siendo al
final de cuentas medios
tendientes a ocultar una realidad que se desea conservar para
mejor aprovechar de ella. Como en el periodo colonial, "la ley se
acata, pero no se cumple". La solución es, por tanto,
más de orden político y social que jurídico
penal.

2.5.- EL GOBIERNO DE ALAN GARCIA : (PRIMER GOBIERNO:
1980-1985)

2.5.1.- EL CASO BCCI

Entre los días 5 y 8 de mayo de 1986 el Banco Central de
Reserva. transfirió a cuentas cifradas del B.C.C.I.
(Panamá) un
total de 215 millones de dólares, cifra superior a la
acordada. Se ha probado que Leonel Figueroa y Héctor
Neyra, Presidente del Directorio y Gerente
General del B.C.R.P. recibieron "coimas" por dichas operaciones.

Días antes, el 28 de abril, Figueroa remite un
teles a la Fundación del Tercer Mundo declinando una
invitación previamente recibida. Está comunicación la pone en conocimiento
de Héctor Neyra. La importancia del telex no reside en su
texto, sino en
la anotación manuscrita por Figueroa. Esta dice: "Hector:
este telex fue enviado a las 12:00". "Para tu conversación
con Amer". Luego lo rubrica y a renglón seguido
añade:" dile que el Pdte ya está de acuerdo con lo
conversado".

Era evidente que no pudo tratarse del Presidente del
Concejo de Ministros, Luis Alva Castro, quien actuó
sólo periféricamente en este caso, por lo tanto
debía tratarse del Presidente de la República. Cabe
destacar que al referirse a "Amer" se trata de Amer Lodhi,
funcionario del B.C.C.I. ¿Cuál pudo ser la
discrepancia que tenían el B.C.R.P y el B.C.C.I. y que
tenía que ser resuelta por García?

Hasta ese día el monto de las divisas a
transferir a la sucursal de Panamá estaba determinado; las
tasas de
interés también, así como las
garantías y modos de operación. Al parecer solo
quedaba pendiente el monto de las coimas y su modalidad de
reparto.

El fiscal de Manhattan, Robert Morgenthau, quien
denuncia ante el gran Jurado al B.C.C.I. por estafa
multimillonaria de desfalco a depositantes y lavado de
dinero, afirmó en conferencia de
prensa que el
presidente García fue consultado y dio su
aprobación a la colocación de los depósitos
del Banco Central de Reserva del Perú en la oficina del BCCI,
en Panamá.

El BCCI había depositado unos tres y medio
millones de dólares a Figueroa y Neyra en cuentas cifradas
en un banco en Panamá. Esa coima había sido pagada
a Figueroa y Neyra para que depositen las reservas
internacionales peruanas (varios cientos de millones de
dólares) en el BCCI de Panamá. Años
después, Figueroa y Neyra fueron capturados en Brasil y
extraditados al Perú, donde luego de pasar algunos
años en la cárcel salieron en libertad.

2.5..2.- LOS AVIONES MIRAGE

El once de octubre de 1982 se autorizó la compra
de los 26 Mirage por un valor de 4,564'000,000 de francos
franceses. En diciembre de ese año, con los convenios
Júpiter 1 y II se mandó a fabricar a las empresas
francesas Dassault, SNECMA y Thomson un total de 26 aviones
Mirage 2000. Dos años después, El 28 de diciembre
de 1984, se elevó el valor de los aviones a 4,960'000,000
de francos franceses, mediante un convenio denominado
Júpiter III.

El presidente electo, Alan García Pérez,
conoció o se conectó con Abdul Rahman El Assir en
su periplo por Europa del mes de
junio de 1985. Luego lo invitó a la transmisión de
mando de ese mismo año, aunque ese no sería su
único viaje en el primer año de gobierno de
García.

Esta probado que este personaje es un conocido
traficante de armas que opera
principalmente en el mundo árabe. Atan García
tomó la decisión de reducir el número de
aviones Mirage adquiridos antes de asumir la presidencia, sin
previa consulta a los mandos de la F.A.P. Las dos comisiones
negociadoras que se enviaron a Paris, con respecto de los Mirage,
se reunieron con Abdul Rahman El Assir, quien inclusive los
invito a viajar a España en
su avión particular. Surge la figura de la reventa. El
Perú compraría los 26 aviones y luego los
revendería a otros países.

Con el convenio Júpiter IV, el Perú
adquirió oficialmente sólo doce aviones y un
"simulador de vuelos". Cada uno le costó 32'833,000
dólares, un precio superior al consignado en los
anteriores convenios. Al sugerir la hipótesis de que la reventa sí se
efectuó, miembros de las comisiones negociadoras dijeron
que era imposible, puesto que el Perú no poseía los
aviones: los aviones no estaban construidos.

Estas afirmaciones resultan totalmente falsas si se
consideran las fechas de llegada de los aviones, así como
los números de serie de sus reactores. La operación
dé reventa de los restantes 14 Mirage les significó
una utilidad de unos
200 millones de dólares que fueron repartidos entre Atan
García y sus amigos, los intermediarios árabes,
funcionarios de las empresas fabricantes y funcionarios
franceses, egipcios e irakíes.

2.5.3.- EL CASO MANTILLA

En 1979, Agustín Mantilla se convirtió en
el secretario personal y asesor de Alan García, quien por
entonces empezaba a destacar por su inteligencia,
su capacidad oratoria y su
histrionismo en la Asamblea Constituyente. A partir de entonces
ambas figuras apristas se volvieron inseparables. Por ello
Mantilla siguió en ese cargo de absoluta confianza hasta
que García ganó las elecciones de 1985.

Durante el gobierno aprista, Mantilla fue primero
vice-ministro y luego ministro del interior. En los cinco
años, tuvo una relación fluida con el presidente
que lo seguía teniendo en su entorno más personal e
inmediato. Diversos medios periodísticos vincularon a
Mantilla con grupos de choque aprista que él auspiciaba,
además de ser señalado como el responsable, junto
con García, de crear y dirigir al grupo paramilitar
Rodrigo Franco, autor de un sinnúmero de violaciones a los
derechos
humanos.

Luego del autogolpe de abril de 1992, García se
escapó de forma sospechosa "saltando por los techos de las
casas". Mantilla fue recluido durante quince meses en el Hospital
Militar. Tras su liberación fue visto con simpatía
por los militantes apristas, por lo que accedió a la
secretaría general del partido. En 1995 fue elegido
congresista y en ese cargo no perdió oportunidad para
plegarse a la bancada fujimontesinista en diversos acuerdos
relacionados a no investigar determinados casos.

En marzo del 2000, en plena campaña electoral,
Agustín Mantilla, entonces jefe de campaña del
partido aprista, recibió de Vladimiro Montesinos 30,000
dólares para gastos
proselitistas. La dirigencia aprista no tardó en separarlo
"indignada" por la actitud de su
ex compañero. Mantilla dice que actuó solo, sin
el
conocimiento de nadie ¿Se le puede creer eso? El
video que
reveló dicha entrega se difundió a los pocos
días que García iniciaba su campaña
electoral. El ex presidente dijo que lo hecho por Mantilla
había sido "una cuchillada por la espalda" y
reiteró que la dirigencia del APRA ignoraba este siniestro
trato.

Pocos días después se hizo de conocimiento
público la existencia de unas cuentas en el Union Bank of
Switzerland (UBS) de 2.5 millones de dólares a nombre de
Agustín Mantilla. Este no tiene como explicar la
posesión de una suma tan cuantiosa. A esto hay que agregar
lo sugestivo de las fechas en que se le abrieron dichas cuentas:
diciembre de 1990 y enero de 1991. Nada menos que tan solo cinco
y seis meses después de haber culminado el gobierno de
Alan García Pérez.

2.6.- EL DECENIO DE
FUJIMORI-MONTESINOS

2.6.1. Primer gobierno

A comienzos de 1990 llegaba a su fin el que se
caracterizó por violaciones a
los derechos humanos, corrupción y una
hiperinflación en lo económico. La
agresiva contienda electoral enfrentó en la segunda vuelta
al prestigioso literato Mario Vargas
Llosa, tenaz opositor al régimen, con el hasta
entonces desconocido ingeniero Alberto Fujimori Fujimori, el cual
contaba con el apoyo del gobierno a través del Servicio de
Inteligencia Nacional (SIN). La campaña de desprestigio
desatada contra el candidato opositor y las promesas electorales
de Fujimori ("honradez, tecnología y trabajo", "no
shock") favorecieron a este último, que salió
vencedor en las elecciones. Sin plan de gobierno
y bajo sospechas de haber evadido impuestos, el
nuevo presidente cayó prontamente bajo la influencia del
ex-capitán expulsado del ejército Vladimiro
Montesinos Torres, que pasó a ser su
asesor al desaparecer las pruebas de su
evasión tributaria. Una vez en el poder, Fujimori
incumplió su promesa electoral y aplicó un severo
shock económico.

Tras una campaña de desprestigo contra el
Poder Judicial
y el Congreso, al cual se acusaba de "no dejar gobernar" (pese a
que el Congreso aprobó la mayor parte de las propuestas
enviadas por el Ejecutivo, excepto únicamente
aquéllas que otorgaban un poder desmesurado al SIN),
Fujimori y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) dieron un golpe de estado
el 5 de abril de 1992, aboliendo la Constitución de 1979, cerrando el Congreso
e interviniendo el Palacio de Justicia, de donde fueron
extraídos muchos expedientes incómodos para los
golpistas.

El golpe se había inspirado en el llamado
"Plan
Verde", documento elaborado en 1988 por un grupo
de militares descontentos con el gobierno de García. Poco
antes del golpe, la esposa de Fujimori, Susana Higushi,
había denunciado que la hermana del presidente, Rosa
Fujimori, comercializaba la ropa que donaba el Japón
para los pobres, a través de la empresa
Apenkai; la denuncia fue archivada poco después del golpe
y Higushi fue encerrada en Palacio de Gobierno.

La población, ilusionada con el "Gobierno de
Emergencia y Reconstrucción Nacional" y ante la creciente
amenaza de los grupos terroristas Sendero Luminoso (SL) y
Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), apoyó en su gran
mayoría la medida. Tras unas tímidas protestas, la
OEA
aceptó rápidamente la situación y no puso
mayores objeciones al gobierno golpista. Se conformó
entonces el denominado Congreso Constituyente Democrático
(CCD), el cual elaboró la Constitución de 1993, que
permitía la reelección presidencial inmediata para
un periodo, a diferencia de la anterior, que la
prohibía. 

La captura del líder
de SL, Abimael Guzmán Reynoso, en septiembre de 1992,
producto de la
paciente labor del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la
Policía, que venía trabajando al mando del coronel
Benedicto Jiménez desde 1988, significó el inicio
del derrumbe de este grupo subversivo, lo cual incrementó
la popularidad del gobierno de Fujimori. En noviembre de 1992 fue
abortado un intento de golpe protagonizado por un grupo de
militares liderados por el general Enrique Salinas Sedó,
que buscaban restablecer la institucionalidad democrática.
Al enterarse del hecho, Fujimori había intentado
esconderse en la embajada del Japón.

Las denuncias por los homicidios de Barrios
Altos y La
Cantuta, llevadas a cabo por el grupo Colina,
dependiente del SIN, culminaron en la
"Ley de Reconciliación Nacional" (Ley 26479)
aprobada en junio de 1995 por el Congreso, que amnistiaba a
todos los militares acusados por violaciones a los derechos
humanos. Ese mismo año, Fujimori resultó vencedor
en las elecciones presidenciales, tras derrotar al ex-Secretario
General de la ONU Javier
Pérez de Cuéllar en un cuestionado proceso
electoral. 

2.6.2.- Segundo gobierno

En agosto de 1996, la mayoría oficialista del
Congreso aprobó la ley
26657, denominada "Ley de Interpretación Auténtica", que
pretendió justificar la postulación de Alberto
Fujimori a un tercer perido presidencial. Esta ley, sin embargo,
fue muy cuestionable por las siguientes razones: La
Constitución de 1993, promulgada por el mismo gobierno de
Fujimori, prohibe la  segunda reelección inmediata en
su artículo 112,
y ninguna ley puede estar por encima de la
Constitución.

Esta ley pretende hacer pasar el segundo gobierno de
Fujimori (1995-2000) como si fuera el primero, basándose
en la no retroactividad de las leyes, lo cual equivaldría
a decir que el primer gobierno de Fujimori  (1990-1995) no
existió.

Aun si aceptáramos que el primer gobierno de
Fujimori no entra en el cómputo, este gobierno se
habría dado bajo la vigencia de la Constitución de
1979, que en sus artículos 204
y 205,
prohibía todo tipo de reelección
inmediata.

Es más, en 1995, luego de resultar electo para un
segundo periodo presidencial, a Fujimori se le preguntó si
podía ser reelegido otra vez. Su respuesta fue clara: "De
acuerdo a la Constitución, no". 

En octubre de 1996, Demetrio Limonier Chávez
Peñaherrera (a) "Vaticano", declaró durante el
juicio que se le seguía por narcotráfico, que el asesor presidencial y
jefe real del SIN Vladimiro
Montesinos, lo había mandado detener por
haberse negado a aceptar el aumento en el cupo que le cobraba (de
US$ 50 a 100 mil) por permitirle realizar sus vuelos en la selva.
Los congresistas del oficialismo salieron inmediatamente a
defender al asesor, negando las versiones de
"Vaticano".

El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, sugirió
un "control de
calidad" para la prensa que informó del hecho. Poco
despúes, "Vaticano" apareció visiblemente turbado
(se comentó que por efecto de electrochoques) y demacrado,
retractándose de sus afirmaciones. Montesinos no fue
investigado por el Congreso ni por la Fiscal de la Nación,
Blanca Nélida Colán Maguiño. Años
después, tras la fuga de Montesinos, "Vaticano" se
reafirmó en sus declaraciones.

En diciembre de 1996, un comando del MRTA liderado por
Néstor Cerpa Cartolini e integrado por 14 subversivos
(entre ellos 2 mujeres), tomó la casa del embajador
japonés durante una fiesta a la que habían sido
invitados cientos de personas, que quedaron como rehenes. La gran
mayoría de los rehenes fueron liberados en los días
siguientes, quedando 172 personas. Cuatro meses después, y
tras extensas negociaciones, un comando del ejército
liberó a los rehenes, muriendo 1 de ellos (el vocal Carlos
Giusti), 2 militares y todos los subversivos. Según
ciertas versiones, algunos de los subversivos habrían sido
ejecutados luego de haberse rendido.

Durante la primera mitad de 1997, el programa
Contrapunto de Frecuencia Latina de TV, realizó una serie
de denuncias contra el gobierno de Fujimori, que incluían
la tortura de la agente del Servicio de Inteligencia del
Ejército (SIE) Leonor La Rosa, a manos de sus
compañeros, las cuentas millonarias de Vladimiro
Montesinos y la masiva interceptación
telefónica que realizaba el SIN. El accionista mayoritario
de Frecuencia Latina, Baruch Ivcher Bronstein, fue víctima
entonces de una campaña de desprestigio. A través
de las revistas Sí y Gente, se le acusó de traficar
armas para el Ecuador,
país con el que existía un conflicto
territorial; se le retiró la nacionalidad
peruana que había obtenido en 1984 mediante
Resolución Suprema, con una Resolución Directoral;
Frecuencia Latina pasó a manos de los socios minoritarios,
Samuel y Mendel Winter
Zuzunaga, los cuales inmediatamente cambiaron la línea
informativa del canal hacia una abiertamente favorable al
gobierno; la empresa de colchones Paraíso, también
propiedad de
Ivcher, fue objeto de presiones tributarias por parte de la
SUNAT.

En junio de 1997, 3 magistrados del Tribunal
Constitucional (Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo
Rey Terry) que habían declarado inconstitucional la "Ley
de interpretación Auténtica", fueron
arbitrariamente destituidos por la mayoría oficialista del
Congreso.

En julio de 1998, tras una serie de desavenencias con
Fujimori, fue relevado de su cargo el Comandante General de las
FF.AA. general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, socio
de Fujimori y Montesinos en el golpe de 1992, y que
permanecía en el cargo desde 1991. Con la caída de
Hermoza, el poder de Montesinos al interior del ejército
se incrementó aún más. En 1999, 13 miembros
de su promoción (1966) llegaron al grado de
general de división. 

En diciembre de 1999 el diario Liberación, de
César Hildebrandt, denunció la existencia de una
cuenta millonaria de Montesinos en el Banco Wiese-Sudameris. El
Fiscal de la Nación Miguel Aljovín Swayne no lo
investigó y Fujimori dijo: "Montesinos es abogado …
supongo que tiene un buen número de clientes". Poco
después, Fujimori anunció su candidatura para las
elecciones presidenciales del 2000.

2.6.3.- El fraude del 2000 y la caída de la
dictadura

Como si no hubiese sido suficiente la ilegalidad de la
candidatura de Fujimori para una tercera elección
presidencial, el proceso electoral del 2000 estuvo plagado de
irregularidades, tales como la falsificación
de un millón de firmas para inscribir la
candidatura de Fujimori, el uso de
donaciones de alimentos como medio de presión a
personas de escasos recursos a través del Programa
Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), los continuos e
infames ataques a los candidatos opositores desde la
prensa
"chicha" y la TV de señal abierta
(controladas por el gobierno) y el uso de recursos del
Estado para financiar la ilegal candidatura, todo con la
complicidad del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina
Nacional de Procesos
Electorales (ONPE) y el Poder Judicial, igualmente controlados
por el gobierno.

El mismo día de las elecciones (9 de abril del
2000) se dio un primer resultado de las encuestadoras que
favorecía al candidato opositor Alejandro Toledo Manrique
con 48% versus Fujimori con 42%, resultado que fue alterado
sólo 2 horas después, invirtiéndose
radicalmente las cifras (47% para Fujimori y 42% para Toledo),
aumentando el porcentaje del candidato presidente durante los
siguientes días hasta llegar a 49.9%, en un obvio intento
de tergiversación para otorgarle el "triunfo" en primera
vuelta con más del 50% de los votos válidos.
Sólo las movilizaciones de la ciudadanía y la presión de los
organismos nacionales e internacionales pudieron detener la
consumación del fraude en primera vuelta. 

Hubieron más de 1600 denuncias de irregularidades
(150 del Foro Democratico,
690 de Transparencia, 200 de la Defensoría del Pueblo y
600 del Consejo por la Paz), como propaganda
oficialista en los mismos centros de votación,
cédulas
recortadas en las que faltaba el candidato
Toledo, obstáculos contra el trabajo de
los observadores y el sorprendente exceso de un millón de
votos con respecto al número total de
sufragantes.

Por otro lado, los resultados de la investigación de las firmas falsificadas, a
cargo de la fiscal Mirtha Trabucco, fueron programados para
después de la primera vuelta, y luego de conocerse la
fecha para la segunda vuelta, fueron postergados hasta
después de la misma, en una clara maniobra de
encubrimiento. Es más, pocos días antes de la fecha
fijada por el JNE para la segunda vuelta, la fiscal Trabucco
acusó a los mismos que habían denunciado la
falsificación, sin tocar a los principales
sospechosos.

El JNE aceptó de inmediato los resultados de la
ONPE, sin dar oportunidad a las tachas que pudieran presentarse,
y fijó la fecha de la segunda vuelta para el 28 de mayo.
La guerra sucia de la TV y los diarios "chicha" continuó y
no hubo cambio de los cuestionados miembros de la ONPE y del JNE.
Frente a esto, Alejandro Toledo decidió no participar en
la segunda vuelta si es que no había una prórroga y
un cambio radical de las condiciones electorales. El JNE,
desoyendo el pedido de Toledo, de la Misión
de Observadores Electorales de la OEA, del NDI –
Centro Carter y otros
organismos nacionales e internacionales, se
negó a postergar la fecha de la segunda vuelta, dejando
así a Fujimori como único candidato para las
"elecciones" del 28 de mayo, en las cuales se proclamó
como "vencedor".